Una investigació judicial revela que els directius de l’empresa d’aigües Agissa, amb participació pública però controlada per CaixaBank, FCC i Agbar, van gastar milers d’euros en restaurants de luxe, hotels, joies i regals.

Veure font: https://www.elcritic.cat/investigacio/el-negoci-de-aigua-a-girona-sobrecostos-portes-giratories-i-despeses-sense-justificar-164826

Una asociación fantasma, sin actividad alguna en su web y redes sociales, es quien ha llevado a los tribunales a Ada Colau por el presunto mismo delito que se archivó tras la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución.

Article publicat a Público originalment el 29/01/2022 per Julián Macías

Es el turno contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; no hay dos sin tres. Tras semanas en las que gran parte de los medios de comunicación, y de la esfera digital y política en España, han dado alas a sendas campañas de desinformación contra Irene Montero y Alberto Garzón, hace unos días le tocó a la regidora catalana afrontar un proceso judicial y mediático por un presunto delito que ya fue archivado en el 2021 por la misma causa, pero diferente acusación.

¿Cuál es el motivo de la denuncia a Ada Colau?

La Asociación fantasma para “la transparencia y la democracia” presentó una denuncia muy similar a la de otra asociación llamada Abogados Catalanes por la Constitución, que ya había sido archivada hace pocos meses. Una alegación que hace referencia a los mismos convenios y expedientes. De hecho, en ambas se acusa al Gobierno de Ada Colau de conceder ayudas públicas a asociaciones afines, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que recibió una subvención a través del Observatori DESC.

Sin embargo, se da la circunstancia de que, como se puede ver en su web, esta ayuda procede de un convenio firmado con el Gobierno anterior de Xavier Trías, en el año 2014. Un convenio que sigue vigente en la actualidad.

La asociación demandante contra Colau nació en abril de 2017, mes en el que bombardeó a denuncias el proceso para aprobar el reglamento de participación ciudadana del consistorio de Barcelona -previo al proceso de remunicipalización del servicio de agua en la ciudad-.

Esta misma entidad actuó de igual forma contra el Ayuntamiento de Valladolid para oponerse a la remunicipalización del servicio de agua, que estaba en manos de Agbar. En este conflicto la asociación fracasó en su empeño, lo que derivó en un beneficio de más de 13 millones anuales de euros para el ayuntamiento vallisoletano, según el propio consistorio.

¿Quién hay detrás de la asociación fantasma denunciante?

La web de la Asociación para la transparencia y calidad democrática no contiene ninguna información sobre los miembros o las finanzas de dicha entidad. De hecho, lleva sin actualizarse desde hace tres años y registra solo cinco publicaciones desde su nacimiento. La primera, en abril de 2017 y, la última, en 2018. Sus redes sociales están inactivas desde hace casi un año y en la dirección postal que se indica, en la Avenida Diagonal de Barcelona, no hay ningún cartel distintivo. Tampoco hay nadie físicamente en ella.

El servidor e IP de dicha web, tal y como ha podido comprobar Público, coincide con el de la Fundación Agbar, el grupo beneficiario del suministro de agua en Valladolid y Barcelona hasta su municipalización.

Esta fue la asociación que denunció sin éxito a los ayuntamientos de Barcelona y Valladolid para evitar, precisamente, que Agbar perdiera ese contrato de aguas en ambas ciudades. Además, la propia empresa Agbar había interpuesto anteriormente otras tres denuncias contra Ada Colau, que fueron archivadas.

El imperio Agbar

Es difícil analizar la red de sociedades (más de 150 empresas) y fundaciones en torno a Agbar, un grupo empresarial privado, filial de Suez España, encargado de la gestión integral del ciclo del agua, que opera desde 1975 y tiene su origen en Aguas de Barcelona.

Antes de su constitución como Agbar, recibió durante el franquismo (1953) la concesión de la gestión de las aguas del río Llobregat. Más recientemente, obtuvo una participación mayoritaria en la empresa mixta creada en 2012, sin concurso público y con aspiración de gestión hasta 2047. Esa empresa mixta queda repartida en un 80% para el grupo Agbar y el 20% para el Ayuntamiento de Barcelona.

Algo más sencillo es rastrear sus multimillonarios contratos con la Generalitat. Solo durante el periodo del socialista José Montilla, la empresa recibió más de 180 millones de euros desde la consejería de Medio Ambiente dirigida por Francesc Baltasar, asesor en algún momento de Agbar, según informó El País en 2012.

Además, tal y como acreditó la Cadena Ser, Agbar no pagó el canon del agua durante más de 20 años en algunas de sus empresas filiales, lo que le permitió un ahorro de más de 30 millones de euros.

Público ha intentado, de manera reiterada y sin éxito, ponerse en contacto con diferentes miembros del equipo de comunicación de la empresa de aguas para conocer su versión y el alcance de su relación con la asociación fantasma que ha presentado la demanda contra Ada Colau.

La difusión mediática

Por otro lado, la Fundación Acuorum de Agbar tiene entre sus miembros a Eva Moll de Alba, que en la actualidad es directiva y miembro del consejo editor de Crónica Global y Globo Media Group, donde se encuentra la web que publicó las noticias más virales contra Ada Colau en este reciente ataque mediático: Metrópoli Abierta.

Este medio difundió varias informaciones contra Ada Colau y otras favorables a Agbar. Entre las primeras se encuentra la noticia falsa sobre el inexistente alojamiento de la alcaldesa en un lujoso hotel de Andorra. Un bulo que desmontó la propia alcaldesa, ya que ella misma colgó fotos en un parque de Barcelona tomadas los días del supuesto viaje andorrano. La noticia fue distribuida por cientos de cuentas, entre ellas la del periodista Carles Enric y la independentista On Vas Barcelona, que es la más tuiteada por los bots independentistas anti Colau, al mismo tiempo que difunde masivamente las noticias contra Colau de Metrópoli Abierta.

En paralelo, Agbar financió y dirigió la formación a los jueces en España en temas relacionados con el agua tras llegar a un convenio con la anterior junta directiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acuerdo colgado en su web con vídeo incluido. Desde el CGPJ han confirmado a Público que este convenio ya no está vigente y se reservan cualquier declaración sobre iniciativas de anteriores equipos del Consejo.

Al igual que sucedió con el ataque coordinado contra Alberto Garzón por el lobby de las macrogranjas, la acción de lawfare y mediática impulsada según todos los indicios desde el lobby de la privatización del agua desencadenó que toda la derecha saliera a pedir la dimisión de Ada Colau.

Solo en Twitter hubo unos 110.000 tuits mencionando a Colau por esta demanda en más de 40.000 cuentas. Más del 50% pertenecía a la comunidad bulocrática de derechas habitual, en la que predominan trollstars anónimos y adictos a la mentira como Toni Cantó. Mientras, la comunidad independentista anti Colau representó el 23% de la conversación, y aquí destacaron precisamente Pilar Rahola, colaboradora de Risto Mejide, y la principal cuenta difusora de Metrópoli.

Las cuentas que pusieron más tuits pertenecen a la comunidad independentista, y entre ellas se encuentran mensajes contra la alcaldesa de Barcelona con varios millones de tuits y con claros indicios de estar automatizadas (como hacer varios tuits o retuits por segundo). Toda su actividad es retuitear o todos sus seguidores tienen un número similar de seguidores y seguidos. Los mismos indicadores encontramos en las cuentas que más tuits publican de la comunidad de derechas nacional.

Els batlles de 33 ajuntaments metropolitans s’han reunit en 500 ocasions durant els últims 2 anys amb multinacionals, patronals i sindicats.

Notícia publicada originàriament a Crític el 15/11/2021

Veure font: https://www.elcritic.cat/dades/agbar-la-caixa-i-endesa-son-les-empreses-que-mes-es-reuneixen-amb-els-alcaldes-de-area-de-barcelona-109320

Un dels jutges que va sentenciar a favor d’Agbar en la gran sentència del 2019 va moderar una jornada a Gran Canària que incloïa allotjament a un hotel de cinc estrelles

Notícia publicada pel Diari Ara el 13/6/21 per Àlex Font Manté

Nombrosos jutges van participar els anys 2012, 2013 i 2014 en cursos patrocinats per la Fundació Agbar. Aquests programes es van celebrar en unes quantes ciutats i incloïen el transport i l’allotjament dels magistrats en hotels de cinc estrelles, segons ha pogut acreditar l’ARA a través de peticions de transparència al Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Entre la documentació lliurada per l’òrgan rector dels jutges hi ha el contingut dels programes, els ponents que hi parlaven i els llocs on es viatjava, per exemple. Però el CGPJ s’ha negat a lliurar la informació més valuosa: quins són exactament els jutges que van ser convidats a participar com a públic en aquests cursos. Consultada per aquest diari, una portaveu d’Agbar tampoc va voler aclarir-ho ni fer cap declaració.

L’interès per aquesta informació està en el fet que, l’any 2019, el Tribunal Suprem va dictar una sentència inesperada: donava la raó a Agbar i assegurava que l’adjudicació sense concurs de la gestió de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona era plenament vàlida. La sentència en tombava una d’anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que havia anul·lat la concessió a Agbar perquè considerava que l’absència de concurs públic no estava justificada. La decisió del Suprem “també va sorprendre dins d’Agbar”, on el cas “es donava per perdut”, segons fonts pròximes a la companyia. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que volia que la gestió de l’aigua tornés a mans públiques argumentant que l’adjudicació estava mal feta, va insinuar aleshores que Agbar havia pogut influir en la sentència a través d’aquests cursos de formació que va pagar als jutges.

La documentació mostra que almenys un dels jutges que va escriure les sentències del cas Agbar, Rafael Fernández Valverde, va anar a Gran Canària com a moderador d’un dels cursos, com es pot comprovar al programa de les sessions.

Trobades a Barcelona, Granada i Gran Canària

Els cursos, efectivament, es van fer, com ho demostra el conveni que van signar la Fundació Agbar i el CGPJ el desembre del 2011. El motiu del conveni: formar els jutges en “dret de l’aigua”. El primer es va fer el juny del 2012 a Barcelona. Va durar un dia i mig (28 i 29 de juny), hi van participar divuit jutges i a la documentació no s’especifica on es van allotjar. A la sessió inaugural hi van participar el president d’Agbar, Àngel Simón, el president de La Caixa, Isidre Fainé, i l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Va ser el mateix Trias qui va decidir, pocs mesos després (el novembre del 2012) , donar la concessió a Agbar sense concurs. 

Un any després, el 8, 9 i 10 de maig del 2013, es va produir una segona trobada, en aquest cas a Granada i amb allotjament a l’hotel NH Victoria, de quatre estrelles. Com a participants hi havia dinou jutges, els noms dels quals no se saben. El contingut era molt tècnic i de ponents hi havia també jutges del Tribunal Suprem (Segundo Menéndez Pérez). Alguns dels ponents dels cursos hi repetien sempre, com Dimitry Teodoro Berberoff (magistrat del TSJC), Santiago Miláns del Bosch (aleshores soci del bufet Cuatrecasas i magistrat en excedència) i Félix Azón i Ramon Camp (vocals del CGPJ).

El tercer curs es va celebrar el 4, 5 i 6 de juny del 2014 a Las Palmas de Gran Canaria amb allotjament a l’hotel Meliá Tamarindos, un hotel de cinc estrelles amb grans piscines i davant la platja. Aquest va ser també el curs amb més assistents: vint-i-cinc. Segurament el detall més cridaner és que, com s’ha esmentat abans, un dels que hi va intervenir com a moderador d’una sessió va ser el jutge Rafael Fernández Valverde. Aquest mateix magistrat va ser qui va escriure una de les quatre sentències que van donar la raó a Agbar el 2019 (en concret, la sentència número 1.612/2019) i amb les quals es va canviar la decisió prèvia del TSJC.

A banda, a les jornades de Gran Canària també hi va parlar Miguel Ángel Gimeno, llavors president del TSJC i que dos anys després seria nomenat director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Finalment, el 2015 es va fer una “estada a l’empresa”, en la qual quinze jutges es van reunir tres dies amb directius d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, exactament la mateixa companyia que seria objecte de la sentència del Suprem quatre anys més tard. Aquesta trobada va incloure visites privades al MNAC, allotjament a l’hotel Barcelona Center (quatre estrelles) i dinars en restaurants com el Follia, de Sant Joan Despí.

Arguments del CGPJ

Tot i que els ponents són públics, l’òrgan de govern dels magistrats no ha volgut revelar quins van participar com a assistents en aquests cursos amb despeses pagades en diferents indrets d’Espanya. El CGPJ al·lega que aportar aquesta informació seria “excessiu” i vulneraria la intimitat dels jutges. La llei de transparència, sosté, no pot anar tan lluny. En concret, afirma que aportar aquestes dades “constitueix un tractament que no resulta adequat, pertinent ni necessari en relació amb la finalitat de transparència, de manera que ha de primar el dret de protecció de dades”. I també que la participació en activitats de formació del CGPJ “no està subjecta a escrutini públic”. L’ARA va presentar un recurs a aquesta decisió, però va ser denegada per silenci administratiu.

Ni el CGPJ ni Agbar han volgut respondre a l’ARA quan se’ls ha preguntat, reiteradament, quant van costar els cursos i si l’empresa en va assumir íntegrament la factura. Tot i així, persones que saben com es va negociar el conveni confirmen que el cost econòmic l’assumia la Fundació Agbar, mentre que el CGPJ s’encarregava d’aportar-hi els jutges i els coneixements tècnics. “No hi ha cap conxorxa, s’ha de suposar que la gent té una certa professionalitat i que saben discernir entre el que es pot fer i el que no”, expliquen aquestes mateixes veus.

El cert és que els convenis entre el CGPJ i les empreses privades amb un cost econòmic són una cosa molt poc habitual. Tal com mostra el registre de l’òrgan dels jutges, entre el 1990 i el 2014 es van signar 170 convenis, però només tres van ser amb empreses privades: La Caixa (un el 2003 i un altre el 2005), Agbar (2011) i l’empresa alemanya Icon Institut, dedicada a la consultoria per al desenvolupament i la cooperació (any 2008). Normalment els convenis són amb governs autonòmics, locals o universitats.

El conveni d’Agbar es renovava anualment de manera automàtica tret que una de les dues parts decidís interrompre’l. Això és el que va passar l’octubre del 2015, quan l’aleshores directora de l’Escola Judicial, Gema Espinosa Conde (parella del famós jutge Pablo Llarena), va comunicar a Agbar la decisió de donar per tancat el conveni per sempre més sense donar-ne cap motiu, cosa que es va materialitzar l’1 de gener del 2016.

Reportatge publicat a El Salto el 10/3/20 per Jordi Sans

La mayoría de las concesiones en el Estado recaen en manos privadas que contribuyen a consolidar el poder de mercantiles marcadas por la corrupción como Agbar, Aqualia y Acciona frente a unas iniciativas públicas que aún tienen mucho camino por recorrer.

Un pulso constante. Así se podría definir la situación en el Estado español del sector del agua. Detrás del agua que sale del grifo de las casas o de las fuentes de un municipio cualquiera se esconde un negocio complejo, con luces y sombras y más bien poco transparente. Esta situación se debe, en gran parte, al reparto entre administraciones y sociedades privadas de un negocio que mueve al año miles de millones de euros solo en el contexto nacional.

Según datos del Observatorio Sectorial DBK, en 2018 el abastecimiento hídrico generó un volumen de negocio de 3.745 millones de euros. Además, hay que tener en cuenta que, sin especificar las dimensiones de los municipios, un 55% de la población está siendo abastecida actualmente, según se desprende de las cifras del XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España del mismo año, por corporaciones privadas o mixtas —constituidas con capital público y privado—, frente al 45% restante que recibe el servicio de empresas públicas.

De todo esto se derivan desde campañas provenientes de los movimientos sociales que tienen como objetivo incrementar el número de municipios que cuentan con una gestión pública del agua, hasta batallas de presión y en los tribunales entre las empresas privadas para poder aumentar su presencia en el negocio. Las compañías que copan la mayoría de concesiones en el Estado son Aqualia —filial de la constructora y empresa de servicios históricamente relacionada con las hermanas Koplowitz y propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim desde 2016—, Acciona y Agbar (Sociedad General de Aguas de Barcelona) que desde el 2010 es una de las filiales españolas de la compañía Suez, participada a la vez en un 4,1% por Criteria, el holding de inversiones de La Caixa.

Ciertamente, tal y como recuerda el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona (UB) Alexandre Peñalver, el agua no es un derecho humano que esté incluido en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1966. No obstante, el académico sí que constata que unas observaciones del año 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen el agua como un Derecho Humano. De esta manera, la posición de esta organización internacional recomienda que los recursos hídricos estén siempre disponibles, sean continuos y sean suficientes tanto para usos personales como domésticos.

Asimismo, en el documento se hace una mención a la cantidad que le corresponde a cada persona según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la calidad que debe tener y a accesibilidad tanto física como económica que debe garantizar cada prepuesta de gestión. Finalmente, y sin entrar a hacer valoraciones sobre si el servicio debe ser público o privado, el texto subraya la necesidad de garantizar el acceso a la ciudadanía a la información que genere cada compañía y generar procesos de participación.

Un imperio opaco

En el caso de Agbar, se trata de una de las concesionarias con más peso en el sector en España y también tiene presencia en otros países de la América Latina, Norteamérica, Europa y Asia. Dependiendo de la concesión se hace cargo de fases distintas del ciclo del agua, como pueden ser la explotación del acuífero, la distribución del agua en alta o la distribución en baja. A partir de este gran entramado entran en juego multitud de procesos y de decisiones que puede tomar la empresa a la hora de ofrecer su servicio. En el caso de México, por ejemplo, la compañía llegó el 2001 a El Saltillo con la promesa de mejorar “la accesibilidad del agua para los saltillences”, según una investigación de PODER. Sin embargo, pocos años después su actuación en la región ya era considerada “un millonario fraude” y un gran número de familias se habían quedado sin acceso al agua. Por lo que se refiere al caso nacional, las problemáticas son distintas, pero también contradirían las recomendaciones de la ONU por distintas razones: precios abusivos, falta de transparencia y una política contraria a la participación ciudadana, entre otras cuestiones.

Según cifras de la asociación de consumidores Facua, el precio del agua en el Estado español en 2019 fue de 24,41 euros sin IVA al mes. Sin embargo, hay ciudadanos que en sus localidades pagaron prácticamente el doble. Facua analizó el precio del suministro de agua en 53 ciudades y el municipio que registró un precio más caro fue Barcelona con una mensualidad de 46,89 euros. La capital catalana iba seguida de Murcia (38,86 euros/mes), Tarragona (37,71 euros/mes), Huelva (37,50 euros/mes) y Lleida (37,40 euros/mes).

En todos los casos, las concesiones están en manos de consorcios de capital mixto participados —a excepción de la ciudad de Lleida que es gestionada por Aqualia— filiales de Suez España, es decir por empresas del mismo grupo que Agbar. La última posición de la tabla está ocupada por la ciudad de León, cuyo servicio recae también en una filial de Suez España y que supone un gasto a la ciudadanía de 5,49 euros al mes. En cuanto a las localidades del estudio que cuentan con un servicio de suministro público —20 ciudades de las 53 localidades avaluadas— la horquilla se mueve entre los 36,27 euros por mensualidad en Sevilla a los 13,36 euros en Lugo, precios más próximos a la mediana que no los privados o mixtos.

Por lo que se refiere a la transparencia, Agbar no aboga por exponer a la sociedad sus acciones y movimientos sino más bien al contrario. En mayo de 2018 estaba prevista una Multiconsulta no vinculante en Barcelona organizada por el consistorio que quería recoger la opinión ciudadana acerca de distintas cuestiones. Una de las preguntas tenía que estar relacionada con la gestión del agua y Agbar hizo distintos movimientos jurídicos para intentar suprimir la pregunta de la propuesta de votación.

L’aigua de Califòrnia s’ha convertit en un element més per invertir dins dels mercats de futurs a la borsa. La financiarització d’aquest recurs fa saltar les alarmes a experts, que posen les crisis agroalimentàries de 2007 i 2008 com a referència del que pot passar en el futur

El 1995, l’ex-sotspresident del Banc Mundial, Ismail Serageldin, afirmava que les guerres que marcaran el futur del segle XXI giraran al voltant de la disponibilitat de l’aigua. Potser la humanitat no es trobi encara en aquell escenari, però les passes cap a la mercantilització d’aquest be –considerat un dret humà des del 2010 per l’Organització de Nacions Unides (ONU)– són cada cop més grans. Tant, que aquesta setmana l’aigua ha començat a cotitzar als mercats de futurs de Wall Street. Un fet històric que posa a aquesta matèria primera, fonamental per a la vida, al mateix nivell que l’or o el petroli. 

Aquest tipus d’inversions a futur no suposen la necessitat de subministrament d’aigua, sinó que són contractes financers que vindran determinats pel preu mitjà setmanal de les principals conques de Califòrnia. D’aquesta forma, l’índex NQH2O marcarà el preu d’aquesta nova mercaderia i servirà, segons els experts, de referència mundial. Si be des de sectors econòmics com Bloomberg o la companyia de mercats Grup CME han vinculat aquesta decisió amb una suposada protecció i flexibilitat de l’aigua de cara a l’escenari d’escassetat i sequera –condicionada per la crisi climàtica–, altres sectors alerten de les possibles repercusions que pot tenir l’entrada d’aquest líquit a Wall Street.

Pedro Arrojo, relator de l’ONU per al Dret a l’Aigua i al Sanejament, explica que aquesta mercantilització dels excedents dels drets concessionals de l’aigua ens porta al sanctasanctòrum dels mercats especulatius. Es tracta dels mateixos mercats, diu l’economista de l’ONU, que han treballat amb l’alimentació i han produït fams internacionals, col·lapsant economies nacionals per especulacions a futur amb qüestions bàsiques de la vida que afecten als drets humans.

Sin embargo, la llegada de este recurso a los mercados no es una sorpresa, sino el resultado de una gestión hidrológica que se remonta a los inicios de la década de los años ochenta del siglo XX, que vino condicionada por las sequías intensas de 1976 y 1977 en California. En estos momentos se implementaron los mercados de agua en el estado norteamericano del oeste. La escasez de recursos hídricos propició que los derechos de agua a corto plazo fueran traspasados a manos privadas. Incluso durante la segunda mitad de los años noventa, que estuvieron marcados por lluvias abundantes, estas prácticas fueron comunes. Fue a comienzos del siglo XXI cuando empezaron a crecer los acuerdos de derechos de agua a largo plazo, lo que podría ser el germen de los mercados a futuro que esta semana han irrumpido en Wall Street. En este momento, la Imperial Irrigation Distrit compró una gran cantidad de derechos de agua a las empresas concesionarias de Los Ángeles y San Diego, teniendo que llegar estas ciudades a pagar a esta compañía en momentos de sequía, para poder abastecer los mínimos requeridos para el consumo urbano. Es decir, en tres décadas los derechos de agua pasaron paulatinamente de lo público a lo privado.

Aquesta classe d’acords pot convertir a les ciutats en captives dels proveïdors privats, al mateix temps que els únics beneficiaris són els aiguatinents que destrossen la indústria auxiliar agrícola i als seus treballadors. Per no parlar dels efectes negatius als ecosistemes pels que deixen de passar aquelles aigües, exposa Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS). El sudest de la península ibèrica té moltes semblances amb Califòrnia i això ha fet que sempre se l’observi com un referent. En aquest sentit hem seguit algunes pautes mercantils a la nostra legislació inspirats en aquest model, alerta, assenyalant que, de moment, l’estat espanyol s’ubica en un sistema públic amb certa participació privada.

Però, què succeirà si l’aigua arriba als mercats financers a nivell mundial? Si es globalitza l’especulació de l’aigua com s’ha fet amb el sistema agroalimentari, passarem de tenir un be comú a tenir una mercaderia. Ara, amb l’entrada a borsa de Califòrnia, es dona una passa més en aquella lògica que ja es venia gestant. Primer es passa d’estar en un àmbit público a un àmbit público-privado i, després, es dona el salt a l’especulació absoluta, opina Mirene Begiristain, professora d’Economía de la Universitat del País Basc.

La cotització de l’aigua als mercats de futur, de moment, afecta només a les conques californianes, però obre una via de mercantilització mai vista abans. Des de determinats sectors econòics favorables a aquesta iniciativa assenyalen que, en ser únicament els excedents d’aigua els que cotitzaran a Wall Street, es fomentarà un consum eficient i es farà front a suposats malbarataments. Malgrat tot, s’obre el risc que la gran pare dels contractes a futur siguin comprats per inversors aliens a sectors agrícoles, el que fomentarà que hi hagi un joc de compravenda. Segons l’expert en transició ecològica, Luis González, només el 2% dels futurs que són bens bàsics acaben sent lliurats, el 98% es venen i revenen com actius financers especulatius. En el cas de l’aigua, les escasses infrastructures per al transport compliquen encara més que la compra de futurs es faci amb la intenció de poder fer ús d’ells, tal i com adverteix Babiano.

Les crisis alimentàries ja van mostrar els efectos de la financiarització global de recursos bàsics per a la vida. Tant és així que l’especulació als mercats de futurs va tenir un paper important a la pujada de preus de les crisis agroalimentàries dels anys 2007 i 2008. Tot això es va veure agreujat per la conjuntura de canvi climàtic i la seva incidència a determinats cultius, així com l’aposta ferma pels agrocombustibles que van desplaçar la producció d’aliments cap a altres zones, tal i com recull l’Organitzación per a l’Alimentació i l’Agricultura de l’ONU.

Arrojo, com a relator de l’ONU, mostra la seva preocupació per la passa endavant que ha donat l’estat californià i, de fer-se global, compara els riscos als experimentats amb la financiarització dels recursos alimentaris. No és el debat que teníem instal·lat, diu, en relació a la situació que es viu a zones d’Europa com l’estat espanyol, on les disputes giren encara entre uns drets de l’aigua purament públics davant dels mixtes amb concessions privades. Si això segueix, s’acaba tot. No existirà l’interès general, sinó l’interès del mercat, on el lleó es menja el xai, reflexiona.

Babiano, per la seva part, explica que la mercantilització d’aquest dret humà podria obrir la porta a una triple variable que transformi l’aigua tal i com es coneix. D’un costat, l’accessibilitat estarà marcada per la rendibilitat econòmica. En segon lloc, l’assequibilitat quedarà condicionada a les fluctuacions dels mercats, el que generaria, segons l’expert, un descontrol de preus a llarg termini. El tercer factor es la concentración de poder als mercats i el desplaçament d’allò públic i la idea de be comú com a principi bàsic de tota gestió hídrica.

Aquestes són les llavors de la mercantilització dels bens essencials. Ara s’anuncia a Califòrnia, però això anirà evolucionant poc a poc. En un principi se’ns presenta la participació privada com un mecanisme de flexibilitat, després es comença a qüestionar l’essència d’allò públic, com succeeix ara i s’acaba entrant als mercats, que es el màxim, detalla el gerente d’AEOPAS, qui reclama que l’estat espanyol deixi de mirar cap al model californià per reconvertir el sistema: impulsar la governança en la gestió de l’aigua, eliminar cànons concessionals, considerar l’aigua un dret humà i tornar a l’esperit públic de la llei d’aigües de 1985.

Veure font: https://www.publico.es/sociedad/agua-cotiza-wall-street-paso-derecho-humano-convierta-mercancia.html

Aigües de Barcelona ha de retornar la desviació per les lectures estimades durant el confinament

El confinament de la primavera va tenir efectes no desitjats que, a més, afecten la butxaca dels ciutadans. Durant el tancament total, l’empresa mixta Aigües de Barcelona, controlada per Agbar, va deixar de fer lectures dels comptadors perquè es considerava essencial mantenir el subministrament però no enviar els empleats a recórrer carrers i cases. Per això, a molts abonats se’ls va fer una lectura estimada. Però amb la desescalada es van tornar a llegir el comptadors i, en molts casos, com que la gent s’estava a casa, la factura va mostrar un consum superior a l’habitual.

Això és important en el rebut de l’aigua, perquè el preu del metre cúbic es divideix en trams i, quan es canvia de tram, el cost final s’encareix molt. En aquesta lectura de després del confinament això és el que els va passar a molts abonats, amb una altra conseqüència afegida: l’IVA, el cànon de l’aigua i el cànon de sanejament es calculen sobre el total de la factura i, per tant, també es van encarir. Una disfunció que Aigües de Barcelona s’ha compromès a resoldre dividint aquest consum extra que feia canviar de tram durant els mesos de confinament i deduint dels rebuts següents el que s’havia cobrat de més.

Ara la companyia concessionària, ha quantificat el que es va carregar de més en els rebuts dels abonats: 7,3 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 1,7 milions corresponen al consum d’aigua, 4,3 milions al cànon d’aigua, 0,8 euros a la taxa de clavegueram de Barcelona ciutat i 0,6 euros a l’IVA.

Aquesta incidència va afectar abonats de Barcelona i de tota l’àrea metropolitana, de manera que l’AMB va dictar un decret al setembre que establia recalcular les factures emeses amb un consum estimat, repartint linealment la diferència de consum durant tot el període global de facturació i regularitzant la diferència en la pròxima factura.

Durant el confinament es va donar una situació que afecta de forma diferent els usuaris. De mitjana, com que els ciutadans no sortíem gaire de casa, el consum domèstic va augmentar al voltant del 7%. Però la lectura estimada no es va fer a tots els abonats, sinó a poc més de la meitat. A l’àrea metropolitana hi ha 1,4 milions de comptadors, però un 42% te telelectura, és a dir, la lectura és automàtica i real cada mes. L’altre 58% dels abonats són els que van patir aquest problema. D’aquest 58%, segons l’estudi que ha fet Aigües de Barcelona, es van veure afectats pel salt de tram quan es va fer la lectura real poc més de 340.000 abonats, és a dir, un 23% del total.

Inici de la devolució

Després del decret de l’AMB del setembre que instava Aigües de Barcelona a corregir aquestes factures, la concessionària ja ha començat a fer algunes devolucions. A meitat d’octubre s’havien corregit poc més de 60.000 rebuts dels més de 340.000 afectats, i s’havien retornat poc més de tres milions d’euros. Un retorn que té la seva dificultat, perquè implica la companyia, però també l’Agència Tributària, ja que cal corregir l’IVA, i l’Agència Catalana de l’Aigua, perquè cal corregir també el cànon de l’aigua.

Així, dels tres milions d’euros que s’han retornat, poc més de mig milió corresponen al consum d’aigua, mentre que la resta fan referència al cànon de l’aigua, el cànon de sanejament, la taxa de clavegueram i l’IVA.

Tot i això, el cas no ha estat exempt de polèmica. Quan després del confinament van arribar les primeres queixes a causa de l’encariment del rebut, la companyia ho va atribuir inicialment a la nova taxa d’escombraries de Barcelona i va indicar que era molt difícil que hi hagués una desviació generalitzada en els rebuts.

Però l’Ajuntament ràpidament va sortir al pas, dient que la nova taxa podia encarir el rebut entre 4 i 8 euros i no les xifres de dos o tres dígits que s’estaven donant, segons va explicar el regidor de l’Ajuntament de Barcelona Jordi Martí.

Per la seva banda, el regidor de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresident d’Ecologia de l’AMB, Eloi Badia, de qui depenen el cicle de l’aigua i la gestió dels residus, lamenta que es produís aquesta pujada en molts rebuts en un moment en què, precisament, arran de l’impacte econòmic de la pandèmia, la gent necessita el màxim suport de les administracions, segons va declarar. Badia espera que l’empresa concessionària del servei compleixi amb el decret de l’AMB i aquest mes de novembre regularitzi tots els rebuts dels abonats que es van veure afectats per la desviació.

Veure font: https://www.ara.cat/economia/MEUR-cobrats-mes-rebut-aigua_0_2556344355.html

Prospera un recurs del comitè d’empresa per no haver estat consultat

La batalla entre els grups Veolia i Suez, una de les més complexes i apasionants lliurades dins de l’economia francesa, va donar un nou gir, ahir, amb la decisió d’un tribunal de París de suspendre de manera cautelar l’OPA de la primera companyia sobre la segona. Queda paralitzat, així, un projecte de llarg abast, amb múltiples ramificacions (tambén a l’estat espanyol, doncs Agbar és filial de Suez), que porta de cap al govern francés. Aquest s’oposa a l’operació i ha vist desafiada la seva autoritat a pesar de que l’estat és accionista a vàries de les empreses protagonistes.

L’acció de la justícia és el resultat d’un recurs presentat pels consells econòmics i socials –equivalents als comitès d’empresa– de Suez i de Suez Aigua França. El tribunal parisenc els ha donat la raó en la seva queixa per no haver estat informats ni consultats sobre l’oferta d’adquisició feta per Veolia, el passat 30 d’agost, sobre les acciones de Suez de l’energètica Engie. Aquesta maniobra forma part de la principal, que és l’intent de Veolia d’absorbir per complet a Suez.

Els sindicats presents a Suez temen per la feina i les condicions laborals si la fusió entre els dos gegants del tractament de l’aigua i dels residus es materialitza. A nivell general, la unió genera inquietud per la situació gairebé monopolística en el futur en uns serveis públics essencials. Els representants dels empleats consideren que al procediment seguit per a que Engie cedeixi a Veolia el capital que té a Suez –30% del total– li ha faltat transparència i confiden cialitat.

Engie va anunciar que recorrerà el fallo judicial d’ahir. La companyia energètica ha rebut ja de Veolia 3.400 millones d’euros per les seves accions a Suez. Un portaveu d’Engie va declarar que la decisió del tribunal no tindrà impacte sobre la transacció. Veolia, per la seva part, va recordar que és la pròpia direcció de Suez la que s’ha negat a consultar al comitè d’empresa perqué s’oposa a l’operación. Els sindicats es van atribuir una victòia, a l’igual que Mélenchon, líder de França Insubmissa.

El govern s’oposa a una operació que afecta l’estat, accionista a les empreses protagonistes

L’OPA sobre Suez preveia el pagament de 15 euros per acció, el que suposava una prima del 50% sobre el preu dels títols el passat 30 de juliol. El 30 de setembre es va millorar l’oferta a 18 euros per acció.

Segons un analista de la cadena BFM-TV, el pols entre Veolia i Suez és un culebrot típic del capitalisme francés en el que l’estat, a més, no està mai lluny. Estem al mon capitalista més abjecte, on tot el mon es coneix i tot el mon es detesta, va indicar al diario Le Monde una font del ministeri de Economia, el titular del qual, Le Maire, convalescent de la COVID-19, s’ha degut ficar en un embolicat assumpte del que només pot sortir malparat. Fa pocs dies Le Maire va insistir en una entrevista radiofònica en que els matrimonis a la força no funcionen.

La història dels dos gegants a la gestió de l’aigua i els residus es remonta a més d’un segle i mig

L’entramat empresarial present a l’OPA de Veolia és d’una gran complexitat, amb participacions creuades, i reflexa el pes històric que l’estat francés ha tingut sempre a l’economia. Engie, per exemple, va ser resultat de la fusió de Gas de França i Suez, el 2007. És el tercer grup mundial del sector, si s’exclou als gegants petroliers. L’estat poseeix el 24% del capital. Veolia, a la seva vegada, és descendent de la Companyia General d’Aigües. L’estat és el seu primer accionista, a través d’una caixa de dipòsits pública, i poseeix el 6% del capital.

El grup Suez, on Criteria Caixa te una participació de gairebé el 6%, deu el seu nom i procedeix de la Companyia universal del canal marítim de Suez, una societat creada per Lesseps, el 1858, per a perforar la vía de comunicació i explotar-la. Al llarg de més d’un segle i mig d’història l’empresa ha travessat múltiples circumstàncies, canvis de noms, de propietaris i nacionalitzacions. A la seva pàgina web, l’actual grup Suez es mostra orgullós del seu origen, amb la construcció del canal a Egipte, i de que el seu nom sigui sinònim d’audàcia, ambició i innovació. El seu objetiu estratègic actual està molt lligat a la sostenibilitat mediambiental en la gestió de ciutats i indústries.

La històia de Veolia es remonta també a mitjans del segle XIX, a la gestió de l’aigua i dels residus urbans. Està present als cinc continents i te una plantilla de gairebé 180.000 personas, el doble que Suez.

Veure font: https://www.lavanguardia.com/economia/20201010/483968982651/justicia-francesa-frena-modo-cautelar-opa-veolia-sobre-suez.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social

L’operació obre les portes a la fusió entre les dues empreses

L’oposició de l’estat francés, accionista d’Engie, no ha impedit l’operació

La multinacional francesa Suez, propietaria d’Aigües de Barcelona, canviarà aviat de mans després que Engie, la seva principal accionista, hagi acceptat vendre la seva participació del 30% a Veolia per 3.400 milions d’euros, 500 més que l’oferta presentada el passat 1 de setembre. Es dona així una important passa en la intenció de Veolia d’assolir una fusió entre els dos gegants del tractament d’aigües, tal i com ha confirmat la companyia, en anunciar ahir mateix la seva intenció de llençar una opa per la resta d’accions.

Aquesta oferta seria al mateix preu que el pagat a Engie, 18 euros per acció, i no es duria a terme fins a obtenir el llum verd de Suez, pel que reprendran demà mateix les negociacions, segons ha afirmat Veolia, que també s’ha compromés a mantenir el 100% dels llocs de treball.

Per la seva banda, la direcció de Suez –que compta entre els seus accionistes a CriteriaCaixa amb un 6%– ha mostrat el seu rebuig als plans de Veolia, l’oferta de la qual és hostil, ja es tracti de l’adquisició del bloc del 30% o del projecte en el seu conjunt. A més, Suez va lamentar la precipitación del Consell d’Engie per rebutjar sense anàlisi i sense discusió ni diàleg previ una oferta alternativa que va presentar el fons d’inversió francés Ardian i que, al seu parer, preservava l’interès corporatiu de Suez.

Tampoc l’estat francés, accionista del 22% d’Engie, veu amb bons ulls l’operació, i va votar en contra de la proposta a falta d’un acord amistós entre les dues empreses.

Aquesta oposició no ha estat suficient per a impedir que el consell d’administració d’Engie acceptés l’oferta després de donar per bo el compromís de Veolia de no presentar una oferta pública d’adquisició hostil després de l’adquisició de la participació d’Engie a Suez, segons consta en un comunicat del grup energètic.

L’enfrontament entre els dos vaixells insignia francesos de l’aigua i els residus s’ha mantingut viu des de que Veolia va anunciar a finals d’agost la seva intenció de crear un gegant global comprant la major part de la participació d’Engie a Suez, abans de llençar una opa sobre el saldo de les accions.

Queda per veure com o afectarà aquesta operació a la possible venda d’Agbar per part de Suez, una operació de la que es va parlar l’any passat, però que es va desinflar a causa del coronavirus.

Veure font: https://www.lavanguardia.com/economia/20201005/483879914949/suez-veolia-compra-vende.html

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) atribueix a l’empresa subministradora d’aigua un error en com s’ha facturat l’aigua consumida de més per les famílies quan no podien sortir de casa

Segons ha explicat el regidor de Presidència i vicepresident de Planificació de l’AMB, Jordi Martí, l’increment de la factura de l’aigua que ha sorprès moltes famílies les últimes setmanes és fruit d’un error de com s’ha facturat el consum de l’aigua després del confinament, per part d’Aigües de Barcelona.

Martí ha explicat que l’AMB ja ha comunicat aquest error a l’empresa subministradora del servei, i que Aigües de Barcelona ha acceptat retornar la part cobrada de més en la propera factura.

Per què s’ha cobrat de més?

El vicepresident de Planificació de l’AMB ha explicat que l’increment desproporcionat s’explica per la combinació de dues raons: que durant els quatre mesos de confinament les famílies han consumit més aigua, i que els treballadors d’Aigües de Barcelona no han pogut fer la lectura manual dels comptadors.

Això ha significat que, per cobrar l’aigua dels mesos de confinament, Aigües de Barcelona va fer una estimació. En acabar el confinament, els tècnics d’Aigües de Barcelona van llegir els comptadors i van comprovar que les famílies havien gastat més aigua i, com a resultat, l’increment total dels quatre mesos de confinament és el que s’ha computat a la darrera factura.

Salt de tram

En alguns casos, l’increment de consum ha fet saltar de tram la factura. Fins als sis metres cúbics consumits, el preu de cada metre cúbic és de 0,48 €; en canvi, si se superen els sis metres cúbics, cadascun passa a costar gairebé 1,2 €. Per tant, que tot l’increment del consum durant el confinament s’hagi condensat en només una factura ha fet que moltes llars hagin saltat de tram.

En aquest sentit, les famílies han hagut de pagat un preu més elevat del que els hauria tocat si l’increment s’hagués reflectit de forma prorratejada en les diferents factures.

La taxa de residus no hi té a veure

Davant les queixes que han expressat algunes persones pel fet que la inclusió de la nova taxa de residus hagi hagi pogut contribuir a disparar la factura de l’aigua, Jordi Martí ho ha descartat de totes totes amb tota contundència. Martí ha assegurat que la taxa representa, de mitjana, entre 4,5 i 8,5 €: Qualsevol increment d’aquest import no hauria generat tantes queixes, ha sentenciat.

Veure font: https://beteve.cat/politica/increment-factura-aigua-error-aigues-barcelona/

• L’oferta pública d’adquisició (OPA) obliga al deure de passivitat i seria el nou propietari qui prendria una decisió
• El consell de Suez mostra moltes reticències a la possible compra per Veolia

Veolia ha presentat una oferta de compra pel 30% del capital que Engie te a Suez i, de concretar-la, llençarà una OPA pel 100% del grup. L’operació que implica a aquestes tres empreses franceses te un efecte directe sobre la possible desinversió de la participació de Suez a Aigües de Barcelona (Agbar). Tot i que la crisis per la Covid-19 havia aturat el procés, l’OPA l’endarrerirà encara més com a conseqüència del deure de passivitat. De tenir èxit la presa de control de Suez per Veolia, serà aquesta la que haurà de prendre una decisió sobre la potencial venda d’Agbar.

A començaments de juliol, Camús, conseller delegat de Suez, va assegurar que no hi havia plans per a vendre Agbar en aquell moment i va afirmar que els anuncis de possibles desinversions es realitzarien durant el segon semestre d’aquest any.

L’agost de 2020 Suez va anunciar la venda a Veolia d’Osis, la seva filial de manteniment de xarxes de sanejament

No obstante, Suez va anunciar la venda a Veolia d’Osis, valorada en uns 298 milions d’euros. El gegant francés va informar que ha signat un acord d’exclussivitat amb el seu competidor i que espera que l’operació es tanqués al llarg del primer semestre de 2021 sempre i quan rebi el vist-i-plau de les autoritats de la competència i es portin a terme les consultes amb els representants dels treballdors.

Camús va augurar el juliol, tanmateix, una millora del negoci de l’aigua per al segon semestre del 2021 després de la caiguda motivada pel coronavirus i que hauria provocat l’ajornament de la venda d’Agbar. Suez, assessorada per Rothschild i Societat General, es preparava per a iniciar el procés de venda de la companyia barcelonina el passado juny, amb la intenció de complir amb la petició que els fons activista Amber va llençar el juliol de 2019 per a millorar els seus nivells de rendibilitat aprofitant l’arribada d’un nou conseller delegat.

El braç inversor de La Caixa, Criteria, estava interessat en entrar a Agbar amb altres coinversors

Criteria va vendre el juliol de 2014 el 24% que mantenia a canvi d’entrar al capital de Suez amb el 4% i disposar d’un lloc al consell d’administració que va ser ocupat per Fainé. Ara la participació arriba pràcticament al 6% del capital de la companyia francesa.

Els fons d’infrastructures estan en aquests moments requerits d’operacions per a poder destinar una part de la liquidesa que tenen i entre els interessats per l’operació apareixien grans inversors com l’australià IFM, els canadencs Brookfield i OPTT, el francés Ardian, el suec EQT o el britànic CVC, entre d’altres.

La venda del 100% d’Agbar està valorada en 3.000 milions per Amber. Gran part del valor de l’empresa d’aigües radica en aquests moments en Aigües Andines -la filial de Xile-, pel que el preu de la potencial desinversió dependria de la seva inclusió o no.

Agbar, tal i com indicava Amber en la seva carta al consell de Suez de l’any passat, ha assolit un nivel de maduresa que suggereix un angle industrial limitat per a que sigui l’empresa francesa la que ho exploti d’aquí en endavant. En opinió del fons activista que dirigeix Ourghourlian, sotspresident també del grup Prisa, Aigües de Barcelona representa una part significativa del capital empleat de Suez i la seva venda suposaria una gran oportunitat per a reposicionar la companyia i incrementar el seus ratis de rendibilitat i la seva capitalització.

L’oferta de Veolia pel 30% del capital de Suez que te Engie està fixada en 15 euros per acció, el que suposa una prima del 27%

L’oferta de Veolia pel 30% del capital de Suez està fixada en 15 euros per acció, el que suposa una prima del 27% sobre el preu al que va tancar el divendres, de 12 euros. Implica valorar aquell participació en 2.900 milions i el 100% de Suez en 9.677 milions.

Les accions de Suez van pujar ahir un 18%, fins a 14 euros, un euro, per tant, per sota de l’oferta. Mentrestant, els títols de Veolia es revaloritzen un 6%, fins a 20 euros i capitalitza en 11.500 milions; i els d’Engie un 5%, fins a 12 euros.

Gairebé 11 anys després de la seva sortida a borsa, el preu de les accions de la companyía francesa torna avui a superar el preu de l’oferta pública de venda, de 14 euros, si be encara està per sota del preu de l’última ampliació de capital per a la compra de GE Water, que es va executar a 16 euros per títol. En termes relatius, segons Amber, en els darrers sis anys Suez ha tingut un rendiment inferior a Veolia en un -149% i l’índex Euro Stoxx Utilities en un -34%.

En el cas de que l’oferta sigui acceptada, Veolia llençarà una OPA per tota Suez, segons Frerot, president i CEO de la companyia. Si l’operació tirés endavant, el resultat seria una empresa amb ingressos combinats de 40.000 milions d’euros, amb actius a tot el mon.

Engie ha manifestat, per la seva part, que avaluarà l’oferta i prendrà una decisió basada en la solució més atractiva per als seus accionistes

Aquest dilluns per la tarda, el consell d’administració de Suez, en el que s’asseu Fainé, va expressar notables dubtes en relació a la possible adquisició per part de Veolia en observar grans incertesses.

L’òrgan de govern del grup francés va reiterar per unanimitat la seva plena confiança en el projecte estratègic de Suez que crearà un valor significatiu com a empresa independent, en un context en el que Suez mostra un forta resistència operativa, com ho demostren els resultats del segon trimestre, la posada en marxa del pla de transformació de l’empresa SUEZ 2030, així com el reforçament del seu balanç en el marc del plan de rotació d’actius del grup; l’acostament no ha estat sol·licitat i Suez no ha discutit amb Veolia sobre una possible fusió, va afegir.

El consell de Suez va assenyalar en un comunicat que donat que la urgència ambiental és clau per al futur dels nostres ciutadans, l’oferta de Veolia planteja preocupacions sobre el futur de les activitats de tractament i distribució d’aigua a França, així com sobre el nivell d’ocupació, donada la quantitat de sinèrgies anunciades per Veolia. Al seu parer, l’estratègia proposada per Veolia generaria solapaments i pèrdua d’oportunitats a França i a l’estranger. A més, la complexitat del procés escollit portaria a dos anys d’interrupció de les operacions, en un context en el que, amb la crisis per la Covid-19, els equips estan centrats en aplicar el pla estratègic.

8.000 millions de desinversions

Engie ha manifestado, per la seva banda, que avaluarà l’oferta i prendrà una decisió bassada en la solució més atractiva per als seus accionistes, respectant a tots els interessats i després de sospesar la qualitat del projecte industrial.

A finals de juliol, Engie ja va manifestar que podria desfer-se de 8.000 milions d’euros en actius durant els propers tres anys, el doble del que va estimar a principis d’any, fruit de la seva revisió de les àrees de negoci afectades pel coronavirus. Aquelles desinversions tindrien l’objetiu de finançar inversions en energies renovables i actius d’infraestructures.

Veure font: https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10744215/08/20/La-compra-de-Suez-por-Veolia-aplaza-sine-die-la-venta-de-Agbar.html