Denuncian una estrategia de ‘lawfare’ de las empresas privadas contra los procesos de recuperación de la gestión directa del agua
Terrassa, 31 de mayo de 2021 | Esta mañana se han dado cita en Terrassa más de 40 alcaldes, alcaldesas y representantes del municipalismo catalán para presentar un manifiesto conjunto contra la judicialització de las remunicipalizaciones del servicio local del agua. El encuentro se ha querido inmortalizar con una fotografía al histórico depósito de Can Boada, donde todos los electos se han colocado detrás de una pancarta en defensa de la gestión pública del agua. Entre los asistentes, liderados por el anfitrión del encuentro, el ayuntamiento de Terrassa representado por su teniente de alcaldía Lluïsa Melgares, se han podido ver dos regidores de la ciudad de Barcelona, Janet Sanz (Teniente de alcaldesa de la capital catalana) y Eloi Badia (vicepresidente, además, del área Metropolitana de Barcelona), además de la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès Mireia Ingla, el alcalde de Manresa Marc Aloy, el presidente del Consell Comarcal de Osona y alcalde de Sant Julià de Vilatorta Joan Carles Rodríguez, además de representantes electos de los consistorios de Girona, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Ripollet, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Corbera de Llobregat o La Bisbal d’Empordà, entre otros.
El punto en común de la mayoría de estos municipios es que han visto cómo, durante los últimos años, sus procesos de recuperación de la gestión directa del servicio del agua se tenían que decidir a los juzgados. A pesar de que se trata de una competencia reservada a los ayuntamientos, y que la ley reconoce que son justamente estos los que tienen que decidir cuál es el modelo de gestión que más se procede, los convocados del encuentro histórico de hoy denuncian una estrategia de ‘lawfare’ dirigida por los operadores privados, principalmente Agbar, que recorren e impugnan sistemáticamente las decisiones de los consistorios.
Si bien los conflictos judiciales que han transcendido a la opinión pública son los asociados en las poblaciones más grandes, como el del área Metropolitana de Barcelona, Terrassa o Girona, la realidad es que esta práctica judicial se ha extendido por por todas partes. Incluso a municipios que apenas llegan a los 1.000 habitantes, como por ejemplo Vila-rodona, Figaró-Montmany o St. Vicenç de Torelló. Hoy en Terrassa se ha denunciado especialmente la actitud de Agbar, que sistemáticamente está impugnado las decisiones democráticas de los municipios para recuperar la gestión directa, promoviendo todo tipo de litigios. En el manifiesto presentado hoy, los diferentes municipios denuncian contundentemente “la obsesión de Agbar de anteponer sus intereses y su necesidad de repartir beneficios y dividendos, a expensas de las decisiones democráticas de los ayuntamientos, la soberanía municipal, el interés público y la voluntad de su ciudadanía de mantener un servicio esencial y un derecho humano como el agua bajo la esfera pública”.
El encuentro lo ha acogido, representando el ayuntamiento de Terrassa Lluïsa Melgares, teniente de alcaldía de territorio y sostenibilidad. La capital del Vallès Occidental ha estado referente en la lucha por el agua pública, cuando el 2019 estrenó la gestión pública del agua después de un largo proceso que ha contado con una fuerte oposición de Mina de Terrassa, la concesionaria del servicio desde el 1941 y filial de Agbar. En declaraciones posteriores, la concejala ha manifestado que apoyarán todas las iniciativas unitarias de los municipios “porque cuando se acaba una concesión quien decide como se da un servicio es el ayuntamiento”, y a espoleado a todo el mundo a seguir luchando dado que “la Justicia siempre gana, y no hay nada más justo que defender que el agua es un derecho humano”.
En el manifiesto denuncian también una estrategia que, incluso, está impidiendo que los municipios abren el debate a su ciudadanía sobre qué modelo de gestión querrían; sería el caso reciente de Barcelona, donde se ha impedido mediante una impugnación judicial la consulta ciudadana sobre la gestión del agua que quería impulsar el Ayuntamiento, “criminalizando cargos electos, funcionarios públicos y la sociedad civil organizada que la promovió”. Representando la capital catalana, Janet Sanz, teniente de alcaldía barcelonesa, ha declarado que “los ayuntamientos han demostrado que se pueden dar la vuelta a los procesos de mercantilización, y lo estamos haciendo un contexto de judicialització política constante”. Ha insistido en la necesidad de hacer “frente común” municipalista para “cambiar la tensión entre derecho y privilegio porque sin agua pública no existe la democracia”.
Desde Sant Cugat del Vallès su alcaldesa, Mireia Ingla, ha recordado el caso que el objetivo de todos los alcaldes y alcaldesas no es jefa otra que “gestionar el servicio del agua de la manera más eficiente posible, y la manera más racional y eficiente es su internalización”, y ha defendido la autonomía local respecto a las injerencias externas de las operadoras privadas y el poder judicial.
El regidor de Girona, Martí Terés, ha querido remarcar que el objetivo de la estrategia de judicialización es “intentar ahogarnos y atemorizar con maniobras jurídicas para hacernos desistir de nuestro objetivo de transitar hacia la gestión pública directa”. Manifiesta que en la mayoría de casos que la “maximización de beneficios” que buscan los operadores privados ha demostrado comportar una gestión ineficiente. A pesar de que ha aclarado que las empresas privadas pueden tener un papel como proveedores tecnológicos y de servicio, los criterios de gestión “tienen que ser siempre públicos”.
El alcalde de Manresa, Marc Aloy, y presidente de CONGIAC, el consorcio público que aglutina a seis empresas públicas abastadores de servicio del agua del país, ha exigido que se respete la autonomía local: “No puede ser que una multinacional que no sabemos de quién es ni a qué intereses responde lleve, sistemáticamente, a tribunales a cada ayuntamiento que decide, soberanamente, hacer una gestión pública de la agua”. Ha recordado que en todo el mundo la gestión del agua es pública en un 90%, mientras que en Cataluña solo lo es en un 10%. Un paradigma que se ha comprometido a cambiar desafiando la estrategia de judicialización: “nos encontrarán de pie, tenemos que ser valientes tomando las medidas que hagan falta porque el agua no es un negocio”.
También ha intervenido el presidente del Consell Comarcal de Osona, y alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez. El ente supramunicipal osonense han creado una empresa 100% pública para hacer llegar el agua a los hogares de hasta siete municipios de la comarca. Rodríguez ha denunciado que todo el proceso de internalización de la gestión del servicio en la comarca “ha sido sistemáticamente impugnado por Agbar, tanto la delegación de la redacción de los pliegos de los ayuntamientos al Consejo Comarcal como, incluso, la misma creación de la empresa pública”. Y ha acabado interpelando directamente a la empresa privada Agbar: “retire todos los contencioso–administrativos contra los ayuntamientos de la comarca de Osona, porque no pararán el proyecto: tenemos autonomía local, la Ley dice que el agua es un servicio básico que tienen que dar los municipios de forma eficiente y mancunada, si se tercia”.
Municipios pequeños
Según dice el manifiesto, “se ha llegado a un punto en qué cuando un ayuntamiento, después de una decisión democrática de su pleno municipal, emprende el camino hacia la gestión pública del agua, no solo tiene que hacer frente a los retos técnicos, organizativos y administrativos que supone asumir el servicio, sino que también se tiene que preparar para hacer frente a contenciosos y litigios”. Esto afecta especialmente en los municipios más pequeños, con poco personal y recursos limitados, que también han estado bastante presentes al encuentro. Representando los municipios con menos población, la alcaldesa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret, ha querido dejar presente que “los municipios pequeños que queremos prestar directamente el servicio de agua buscamos fórmulas, mancomunadas o consorciadas, para poderlo hacer de la mejor manera. Cosa que las operadoras privadas quieren hacer inviable«.
Lista completa de municipios y entes locales presentes:
Arenys de Munt, Badalona, Balenya, Barcelona, Bellpuig, Camprodon, Cerdanyola, Collbató, Corbera de Llobregat, El Brull, El Prat de Llobregat, Figaró-Montmany, Girona, La Bisbal d’Empordà, La Granada, Llinars del Vallès, Manresa, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Olèrdola, Olost, Ripollet, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Hilari Sacalm, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Vicenç de Torelló, Santa Coloma de Cervelló, Santa Margarida i Els Monjos, Sarrià de Ter, Terrassa, Torelló, Tremp, Vila-rodona, Vilafranca del Penedès, Vilatorta i Vilobí del Penedès. A més del Consell Comarcal d’Osona, Consorci per la Gestió Integral de l’Aigua de Catalunya i la Vicepresidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.