Reportatge publicat a El Salto el 10/3/20 per Jordi Sans

La mayoría de las concesiones en el Estado recaen en manos privadas que contribuyen a consolidar el poder de mercantiles marcadas por la corrupción como Agbar, Aqualia y Acciona frente a unas iniciativas públicas que aún tienen mucho camino por recorrer

Un pulso constante. Así se podría definir la situación en el Estado español del sector del agua. Detrás del agua que sale del grifo de las casas o de las fuentes de un municipio cualquiera se esconde un negocio complejo, con luces y sombras y más bien poco transparente. Esta situación se debe, en gran parte, al reparto entre administraciones y sociedades privadas de un negocio que mueve al año miles de millones de euros solo en el contexto nacional.

Según datos del Observatorio Sectorial DBK, en 2018 el abastecimiento hídrico generó un volumen de negocio de 3.745 millones de euros. Además, hay que tener en cuenta que, sin especificar las dimensiones de los municipios, un 55% de la población está siendo abastecida actualmente, según se desprende de las cifras del XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España del mismo año, por corporaciones privadas o mixtas —constituidas con capital público y privado—, frente al 45% restante que recibe el servicio de empresas públicas.

De todo esto se derivan desde campañas provenientes de los movimientos sociales que tienen como objetivo incrementar el número de municipios que cuentan con una gestión pública del agua, hasta batallas de presión y en los tribunales entre las empresas privadas para poder aumentar su presencia en el negocio. Las compañías que copan la mayoría de concesiones en el Estado son Aqualia —filial de la constructora y empresa de servicios históricamente relacionada con las hermanas Koplowitz y propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim desde 2016—, Acciona y Agbar (Sociedad General de Aguas de Barcelona) que desde el 2010 es una de las filiales españolas de la compañía Suez, participada a la vez en un 4,1% por Criteria, el holding de inversiones de La Caixa.

Ciertamente, tal y como recuerda el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona (UB) Alexandre Peñalver, el agua no es un derecho humano que esté incluido en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1966. No obstante, el académico sí que constata que unas observaciones del año 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen el agua como un Derecho Humano. De esta manera, la posición de esta organización internacional recomienda que los recursos hídricos estén siempre disponibles, sean continuos y sean suficientes tanto para usos personales como domésticos.

Asimismo, en el documento se hace una mención a la cantidad que le corresponde a cada persona según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la calidad que debe tener y a accesibilidad tanto física como económica que debe garantizar cada prepuesta de gestión. Finalmente, y sin entrar a hacer valoraciones sobre si el servicio debe ser público o privado, el texto subraya la necesidad de garantizar el acceso a la ciudadanía a la información que genere cada compañía y generar procesos de participación.

Un imperio opaco

En el caso de Agbar, se trata de una de las concesionarias con más peso en el sector en España y también tiene presencia en otros países de la América Latina, Norteamérica, Europa y Asia. Dependiendo de la concesión se hace cargo de fases distintas del ciclo del agua, como pueden ser la explotación del acuífero, la distribución del agua en alta o la distribución en baja. A partir de este gran entramado entran en juego multitud de procesos y de decisiones que puede tomar la empresa a la hora de ofrecer su servicio. En el caso de México, por ejemplo, la compañía llegó el 2001 a El Saltillo con la promesa de mejorar “la accesibilidad del agua para los saltillences”, según una investigación de PODER. Sin embargo, pocos años después su actuación en la región ya era considerada “un millonario fraude” y un gran número de familias se habían quedado sin acceso al agua. Por lo que se refiere al caso nacional, las problemáticas son distintas, pero también contradirían las recomendaciones de la ONU por distintas razones: precios abusivos, falta de transparencia y una política contraria a la participación ciudadana, entre otras cuestiones.

Según cifras de la asociación de consumidores Facua, el precio del agua en el Estado español en 2019 fue de 24,41 euros sin IVA al mes. Sin embargo, hay ciudadanos que en sus localidades pagaron prácticamente el doble. Facua analizó el precio del suministro de agua en 53 ciudades y el municipio que registró un precio más caro fue Barcelona con una mensualidad de 46,89 euros. La capital catalana iba seguida de Murcia (38,86 euros/mes), Tarragona (37,71 euros/mes), Huelva (37,50 euros/mes) y Lleida (37,40 euros/mes).

En todos los casos, las concesiones están en manos de consorcios de capital mixto participados —a excepción de la ciudad de Lleida que es gestionada por Aqualia— filiales de Suez España, es decir por empresas del mismo grupo que Agbar. La última posición de la tabla está ocupada por la ciudad de León, cuyo servicio recae también en una filial de Suez España y que supone un gasto a la ciudadanía de 5,49 euros al mes. En cuanto a las localidades del estudio que cuentan con un servicio de suministro público —20 ciudades de las 53 localidades avaluadas— la horquilla se mueve entre los 36,27 euros por mensualidad en Sevilla a los 13,36 euros en Lugo, precios más próximos a la mediana que no los privados o mixtos.

Por lo que se refiere a la transparencia, Agbar no aboga por exponer a la sociedad sus acciones y movimientos sino más bien al contrario. En mayo de 2018 estaba prevista una Multiconsulta no vinculante en Barcelona organizada por el consistorio que quería recoger la opinión ciudadana acerca de distintas cuestiones. Una de las preguntas tenía que estar relacionada con la gestión del agua y Agbar hizo distintos movimientos jurídicos para intentar suprimir la pregunta de la propuesta de votación.

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